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Generación del ´80
Luego de la Batalla de Pavón en 1861, se asistió a la centralización de la autoridad del Estado Argentino. Dicho proceso se manifestó en los hechos con la organización de un sistema legal, la formación de un Ejército Nacional, centralización de la emisión de moneda, construcción de aparatos de recaudación impositiva de alcance nacional, unificación territorial, fomento de políticas de inmigración y educación, construcción de la red ferroviaria, entre otros.
El proceso de centralización del poder estatal culminó con la llamada Conquista del “Desierto” y la federalización de Bs As; es decir, estos hechos históricos señalaron, por su relevancia dentro de las problemáticas de la época, el cierre de un periodo, pues brindaron la solución a dos grandes cuestiones. Por un lado, la unificación territorial y la incorporación de tierras para la producción agropecuaria, y por otro lado, la designación definitiva de un espacio específico para la residencia de las autoridades nacionales, territorio que incluía el puerto de Buenos Aires.
A partir de 1880, finalizado el periodo de organización del Estado argentino, un grupo formado por intelectuales, políticos y periodistas, formuló un programa para continuar la tarea de las elites dirigentes, es decir, afrontar la obra de modernizar y consolidar el naciente país; serán conocidos como Generación del 80.
Ellos heredaron de la generación del 37, la creencia de que sólo la clase letrada es la poseedora del derecho a conducir el país y consideraban que “el progreso” de los argentinos dependía del establecimiento de los principios del liberalismo, sin embargo, en la práctica estas ideas fueron adoptadas con limitaciones.
El grupo dirigente del ’80 adhiere al liberalismo económico pero practica un claro conservadurismo político reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. Mantener el poder político garantizaba la reproducción de su poder económico.
En tal sentido, el historiador Natalio Botana llamó al periodo de tiempo que transcurre entre 1880-1912 como el Orden Conservador, otros historiadores en especial los revisionistas han llamado este periodo Régimen Oligárquico.
Mecanismos de control político
NEGOCIACIONES y ACUERDOS: entre los diferentes grupos de poder provinciales. Se podían elegir con nombramientos a los gobernantes. Era normal que el presidente saliente eligiera un sucesor.
INTERVENCIONES FEDERALES: si bien es un mecanismo constitucional para evitar el desorden interno, el PAN lo uso para aplacar a los opositores que iban surgiendo en las provincias.
FRAUDE: el voto era voluntario, masculino y publico. Es decir, se decía en voz alta. Muchas veces los listados incluían a personas fallecidas, que no cumplieran con los requisitos y excluían a los opositores. También se compraban votos, se intimidaba, se robaban urnas y si hacia falta se cambiaban los resultados.
Leyes laicas
Ley de Educación Común 1420: enseñanza primaria laica, gratuita y obligatoria. El Estado comienza a formar docentes. Supervisión estatal de escuelas públicas y privadas.
Ley de Registro Civil: Esta ley le quito a las parroquias las facultades de inscribir los nacimientos y defunciones.
Ley de Matrimonio Civil: con esta ley se le resto validez jurídica a los casamientos religiosos y estableció como únicas uniones legitimas las registradas en oficinas públicas.
Principales hechos y medidas tomadas
Conflicto con Chile: después de arduas negociaciones en 1881 se firma el TRATADO DE LIMITES que idéntifico a las altas cumbres como hitos para marcar la línea fronteriza.
Ley 1532 de 1884: se crean los territorios nacionales.
REFORMA MONETARIA de 1881: entra en circulacion el peso argentino eliminando monedas provinciales.
LEY DE RESIDENCIA de 1902: autorizaba al gobierno a expulsar del país a los extranjeros acusados de alterar el orden público o la seguridad nacional.
Ley de Servicio militar obligatorio
Doctrina Drago: rechaza la intervención de las potencias extranjeras.
El orden Conservador "La Monarquía vestida de República"
Diego Barovero: El surgimiento de la UCR
El Modelo Agroexportador
En la segunda mitad del siglo XIX la economía argentina se incorporó plenamente al mercado mundial a través del modelo agroexportador.
Se trata de un modelo económico basado en la exportación de materias primas del sector agrícola y ganadero, y la importación de bienes manufacturados de procedencia europea, principalmente Inglaterra.
Dicha expansión fue acompañada por un aumento en la demanda de mano de obra, cubierta centralmente a través de la inmigración.
El periodo comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y la crisis internacional de la década de 1930, conocido en la historia económica Argentina como el periodo del modelo agroexportador, fue la etapa de mayor crecimiento económico de este país.
La consolidación de un patrón de crecimiento basado en la inserción en el mercado mundial a través de la exportación de productos de origen agropecuario, para los cuales la nación contaba con condiciones agroecológicas excepcionales, posibilitó un elevado dinamismo de la economía local, que se expandió a una tasa anual acumulativa de 5.2% entre 1870 y 1930, en tanto el producto per cápita lo hizo en 1.9%
Las tendencias globales empujaron al país a desempeñar ese papel en la división internacional del trabajo: las mejoras técnicas en la navegación permitieron el abaratamiento del transporte transoceánico que facilitó y potenció el comercio internacional, mediante el cual los países industrializados pugnaban por la colocación de los excedentes de su producción industrial y, a la vez, expandían la demanda de materias primas y alimentos.
Por otro lado, en el marco de una creciente movilidad global del capital y del trabajo, la progresiva consolidación del gobierno central en la República Argentina en la segunda mitad del siglo XIX posibilitó la radicación masiva de inversión extranjera directa, la intensificación de flujos financieros y el inicio del periodo inmigratorio más relevante de su historia.
La Gran Inmigración
Desde mediados del siglo XIX, un contexto internacional y nacional favoreció el proceso migratorio de masas, los inmigrantes no respondieron mecánicamente a los estímulos externos; tomaron la decisión de expatriarse después de evaluar la información de que disponían, eligiendo determinados destinos en vez de otros, y resolviendo cuáles miembros del grupo familiar emigrarían y cuáles permanecerían en el país de origen.
Desde esta perspectiva, fueron diversas las vías por las cuales los emigrantes potenciales obtenían noticias de las posibilidades que ofrecían los eventuales países de destino, y opciones concretas a partir de las cuales tomar sus decisiones.
Por un lado, la información proporcionada por agentes del gobierno, de las compañías de colonización o de las compañías de navegación, y de aquella que los emigrantes obtenían a través de sus relaciones con parientes, amigos y vecinos.
Por otro, de las propias redes utilizadas por los migrantes en función de objetivos prácticos como la obtención de trabajo y alojamiento.
Asimismo, las motivaciones que empujaron a abandonar la patria, incluso en el cuadro predominante de la pobreza y de la ausencia de ofertas satisfactorias, podían ser varias: el deseo de mejorar las propias experiencias profesionales; la búsqueda de ahorros para impedir la proletarización del grupo familiar en el pueblo de origen; o el malestar por una marginalidad social o política sin perspectiva de adecuadas salidas locales, en comparación con ocasiones más apetecibles en otros lugares y demasiado a menudo largamente ensalzadas
En 1862 habían entrado al territorio 6.716 inmigrantes; en el año 1880 vinieron 41.651, y la cifra había ascendido a 70.000 en 1874.
Los inmigrantes se habían distribuido de preferencia en la zona litoral, y así surgieron centros agrícolas de alguna importancia en brevísimo plazo.
En el Litoral se habían instalado colonias de diversas etnias: judíos, suizos, franceses, rusos, alemanes, españoles e italianos. Esto dio origen a lo que se llamó pampa gringa o pampa sin gaucho.
La mayoría de los inmigrantes había decidido establecerse en las grandes ciudades de Argentina como: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad de Córdoba y Rosario. Ya que daba la posibilidad de poder trabajar en puertos, construcción de edificios y desagües, o en talleres industriales que comenzaron a establecerse a fines del siglo XIX.
El impacto que causó esta inmigración fue el gran crecimiento económico. Gracias a ella la producción había crecido en tal escala que ya en la época de Avellaneda se había logrado exportar cereales, inaugurando una era de prosperidad económica que haría que el país tenga un creciente beneficio.
En 1865 las importaciones habían superado a las exportaciones en cuatro millones de pesos oro cuando la suma del comercio exterior apenas pasaba los 56 millones; quince años más tarde, en 1880, las exportaciones llegaban a 58 millones contra 45 de las importaciones y el monto total del comercio exterior pasaba de los 100 millones.
También esta inmigración instaló gran parte de la arquitectura de Argentina, como la del Teatro Colón.
También heredaron las tradicionales comidas, como las pastas italianas y también dejaron como parte de la cultura la literatura española o el arte francés. También produjo cambios en el lenguaje y las costumbres de los argentinos. Y entre otras cosas produjo desarrollo de la educación, las artes y los oficios
La Huelga de los Inquilinos
Entre el 1 y 2 de octubre de 1907 el movimiento de lucha de los inquilinos contra el aumento de los alquileres se convierte en huelga, cuando más de 250 conventillos de la ciudad se suman al desacato y se producen violentos enfrentamientos entre los inquilinos y la policía
La Federal, bajo las órdenes de Ramón Falcón, intenta desalojar por la fuerza el conventillo “14 Provincias” (San Telmo) que cobijaba a más de 200 familias y asesina al obrero baulero Miguel Pepe, de 17 años
Al día siguiente una movilización de más de 15.000 personas acompaña el féretro. Gobierna la ciudad Carlos Torcuato de Alvear y el país José Figueroa Alcorta, de la coalición conservadora.
Las crónicas no pueden soslayar la actualidad de esta historia, cuando los alquileres son extorsivos y se necesitan más salarios para llegar a la vivienda que en cincuenta años, pero omiten un dato importante.
La preparación y la organización de esta huelga fue parte de la agenda del movimiento de lucha de la clase obrera.
La Ley Sáenz Peña
En febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley que establecía el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, lo que incrementó los hasta entonces bajos niveles de participación electoral y puso fin a prácticas como el voto cantado o el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción sobre los electores por parte de los patrones o caudillos locales.
En las primeras elecciones presidenciales bajo el marco de la nueva legislación, producidas cuatro años después, la opción oficialista resultó derrotada, erigiéndose como presidente el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
De acuerdo a Waldo Ansaldi, investigador principal del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IELAC), la denominada Ley Sáenz Peña, pese a sus limitaciones, significó una apertura democrática que puso fin a la etapa de dominación oligárquica.
En un marco legal de ejercicio del sufragio sin restricciones económicas o de educación -sólo de género y edad- , la característica principal era el voto cantado.
Cada elector -varón, mayor de edad- se presentaba ante la mesa electoral y de viva voz decía por quién votaba. Ese voto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad electoral, pues no existía un padrón único.
Usualmente, el acto electoral se realizaba al aire libre, en lugares públicos, como el atrio de las iglesias.
Una deriva de este mecanismo era la posibilidad de regular la marcha de la votación y cambiar su resultado a medida que transcurría el comicio.
Esto se hacía a través del clientelismo, la violencia física y simbólica y formas variadas de fraude, que comenzaban con la exclusión del registro electoral de opositores.
Los caudillos y los patrones obligaban a los varones sobre los cuales ejercían algún poder o control a votar por sus candidatos predilectos. No fueros extrañas las prácticas del llamado “voto múltiple” -un mismo hombre votaba en diferentes lugares- el voto grupal, ni la compra de votos.
En síntesis, se trataba de un voto cautivo y carente de privacidad, cruzado además por enfrentamientos violentos.
El fraude en favor del oficialismo y el hecho de que los niveles de participación electoral no pasaban del 2 por ciento de la población total nos permiten hablar de que había una ausencia de democracia.
En las primeras elecciones realizadas bajo la ley 8.871 triunfó la oposición: la Unión Cívica Radical en Santa Fe y en Entre Ríos en 1912 y 1914, respectivamente, y el Partido Socialista en la Capital Federal en 1913.
No obstante, el gobierno tenía la convicción de poder ganar las presidenciales de 1916. Como se sabe, no ocurrió así.
El resultado tenía algo de inesperado, sobre todo porque la elección de presidente y vice no se resolvía por la totalidad de los votos -elección directa- sino por la composición del Colegio Electoral -elección indirecta.
Incluso, la disidencia del radicalismo santafesino puso en peligro la posibilidad de que Yrigoyen fuera presidente, aunque finalmente sus electores en el Colegio votaron por él.
Pese a sus limitaciones, la ley Sáenz Peña hizo posible la transición de la dominación oligárquica a la democrática, aunque el proceso se truncó con el golpe de Estado de 1930. La facilidad con que se ejecutó éste fue una prueba cabal de la debilidad de la surgente democracia argentina.
La Revolución del Parque (1890)
La Argentina atravesaba una grave crisis económica, con baja de salarios, desocupación y una creciente inflación.
El presidente de la Nación de aquellos años, Miguel Ángel Juárez Celman, era miembro del conservador Partido Autonomista Nacional (PAN), y había sido puesto en ese cargo por Julio Argentino Roca, máximo dirigente de los conservadores, del que era su cuñado.
El autoritarismo y la falta de respuestas a las clases populares agudizaban el descontento.
En aquella época, los Presidentes no se le elegían por el voto popular; el sufragio no era libre, ni universal, ni secreto, ni obligatorio, se cantaba el voto delante de las autoridades políticas y de la policía, lo que condicionaba y disuadía la voluntad del votante. En síntesis, se trataba de un régimen fraudulento.
En oposición al régimen del PAN, se había formado la Unión Cívica, un espacio común que no llegaba a ser un partido sólido, en el que convivían todos los pares opuestos posibles, veteranos y jóvenes, federales y unitarios, acuerdistas y rupturistas, orientados por dos políticos con dilatada trayectoria, pero también opuestos entre sí: el expresidente Bartolomé Mitre y el varias veces Diputado y Senador, Leandro Nicéforo Alem.
A fines de julio de 1890, el aire revolucionario era el único que se respiraba en Buenos Aires y La Unión Cívica, en alianza con sectores del ejército y la armada, buscaban terminar con el régimen fraudulento para poder producir los cambios en materia económica, política y social que el país necesitaba.
Alem se posicionaba al frente de la Junta Revolucionaria, pero la estrategia militar estaba a cargo del General Manuel Campos, con el aval de Mitre.
Para diferenciarse de las tropas leales al régimen, la Junta Revolucionaria de la Unión Cívica adquirió boinas, de color blanco, porque eran las únicas que había en cantidad suficiente en los comercios de la zona para los más de 3.000 milicianos que se calcula participaron de la revuelta.
El alzamiento llevó el nombre de "Revolución del Parque", por cuanto el epicentro y los principales combates se realizaron entorno al Parque de Artillería, donde actualmente se ubican la plaza Lavalle y el Palacio de Tribunales.
Comenzó el 26 a las 4 de la madrugada y se extendió hasta el 29 de julio, cuando se firmó la capitulación.
Por un grave error de cálculo, o quizás una traición del ala militar de la revuelta, los revolucionarios se encontraron con que al tercer día de combates las municiones escaseaban, no había dentro del parque de artillería la cantidad prevista e iban llegando los refuerzos de tropas leales del interior del país. Todo esto aceleró la rendición.
Entre los revolucionarios, se encontraban figuras que tendrían gran influencia en la política argentina futura, como Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, entre otros.
Terminada la revolución, desde el Senado dominado por los conservadores, se recuerda una frase lapidaria de un senador cordobés: "Señores: la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto".
Sin apoyo político, el presidente Juárez Celman presentó la renuncia y, en su lugar, asumió su vice, Carlos Pellegrini, quien completaría su mandato hasta 1892.
Al tomar el mando, dijo que el suyo "era un gobierno de concordancia, surgido de una revolución", por lo que se amnistío a los revolucionarios buscando la pacificación.
Ante el nuevo escenario creado, los dirigentes de la Unión Cívica agudizaron sus diferencias internas, formalizando al año siguiente la ruptura.
Por un lado, los mitristas más proclives al pacto con el régimen conservador formaron la Unión Cívica Nacional y, por otro, los liderados por Leandro N. Alem, que rechazaron todo pacto con el régimen y anhelaban un cambio de raíz del sistema político, formaron la Unión Cívica Radical, que continua reivindicando los principios del alzamiento de 1890 y perdura hasta nuestros días.
Revolución Radical de 1893
La Revolución radical de 1893 en realidad fueron dos insurrecciones cívico-militares muy cercanas en el tiempo la primera fue dirigida por Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo del Valle, comenzó el 28 de julio y fue derrotada el 25 de agosto. La segunda, dirigida por Lisandro de la Torre, quien llegó a ser proclamado presidente de la Nación, comenzó el 7 de septiembre y fue derrotada el 1 de octubre, una vez finalizadas las revueltas Alem se hizo responsable de ambas revoluciones.
La situación política se volvía cada día más inestable, ante la evidente incapacidad del presidente; Sáenz Peña cambió varias veces todo su gabinete de ministros, buscando infructuosamente evitar las críticas periodísticas.
La situación se propagó a las provincias interiores, en varias de las cuales los gobiernos fueron derrocados, con lo que la inestabilidad se acrecentó. Sáenz Peña, cada vez más desorientado, probó todas las alianzas posibles, y finalmente —ante la inminencia de una revolución radical— nombró Ministro del Interior a Aristóbulo del Valle.
Éste lo convenció de desarmar las Guardias Nacionales, con el fin aparente de evitar nuevas revoluciones, pero pocos días más tarde estalló la revolución radical.
Desarmados los gobiernos de provincia, los revolucionarios —dirigidos por Hipólito Yrigoyen— lograron derrocar a varios de ellos, incluidos los de Buenos Aires y Santa Fe.
Las indecisiones de Del Valle y los desacuerdos entre Alem y su sobrino Yrigoyen hicieron fracasar el movimiento, al ser vencidas sus tropas por el Ejército nacional. Pero la UCR había estado a punto de triunfar y había mostrado una capacidad de organización política inusual.
Poco después muere repentinamente Del Valle, y seis meses más tarde se suicidaba Alem; la UCR pasó a estar controlada totalmente por Yrigoyen.
Al año siguiente, la UCR intentó participar en las elecciones; obtuvo el triunfo en la Provincia de Buenos Aires, aunque la alianza de roquistas y mitristas llevó al gobierno provincial a Guillermo Udaondo.
En el interior, el gobierno triunfaba en todos lados gracias a un escandaloso fraude y la violencia sobre los radicales. Vencidos en las urnas, y sin perspectiva alguna de triunfar en elecciones amañadas por Roca y su círculo, los radicales se encerraron en una abstención electoral absoluta.
La Revolución Radical de 1905
El 4 de febrero del año 1905, estallaron en varias ciudades argentinas movimientos armados organizados por la Unión Cívica Radical. Tenían como objetivo provocar el derrumbe del régimen político vigente, acusado de hacer del menoscabo de las instituciones republicanas una práctica sistemática de gobierno.
Comprobada la ineficacia de la labor cívica electoral, advertía el Manifiesto Revolucionario dado a conocer por los radicales, “y cuando no hay en la visión nacional ninguna esperanza de reacción espontánea, ni posibilidad de alcanzarla normalmente es sagrado deber del patriotismo ejercer el supremo recurso de la protesta armada”.
La llamada “Revolución Radical” fue rápidamente desbaratada, dejando un saldo importante de muertos, heridos, detenidos y deportados. En Buenos Aires, los revolucionarios suspendieron la acción a pocas horas del estallido, justificando la decisión en la certeza de que una delación había puesto en alerta al gobierno.
En Rosario, tras una violenta jornada de lucha en las afueras del casco urbano, los líderes del movimiento evaluaron que la decisión de Buenos Aires sellaba la suerte de la protesta armada y dieron por finalizada la contienda.
La declaración del estado de sitio y la censura sobre la prensa facilitaron la acción represiva del Estado sobre el conjunto de los focos insurreccionales, entre los que se contaban las ciudades de Mendoza y Bahía Blanca y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, escenario de las acciones más prolongadas y espectaculares, el movimiento fue derrotado militarmente.